Representar, de forma exclusiva en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, los intereses generales de la profesión, especialmente en sus relaciones con la Administración, y defender los intereses profesionales de los colegiados, sin perjuicio de las competencias de las Administraciones Públicas, por razón de la relación funcionarial, ni de las organizaciones sindicales y patronales en el ámbito específico de sus funciones.